miércoles, 12 de diciembre de 2018

CASTRACIÓN

Uno de los múltiples males que azotan a nuestro país desde tiempos decimonónicos, o quizá todavía mucho tiempo atrás, es el de la ineficiencia del aparato judicial en nuestro país. Nuestro sistema de justicia se ha caracterizado siempre por su ineficiencia, corrupción, tortuguismo burocrático y nula investigación policiaca o en ministerios públicos en averiguaciones que terminan en falta de elementos para poder condenar a culpables y la alarmante facilidad con la que se inventan culpables y delitos para ofrecer resultados y probar con ello una eficacia que realmente se encuentra en tela de juicio. Basta tan solo con recordar dos sugestivos casos: José Antonio Zúñiga, mejor conocido como “El Presunto Culpable”, y el cantante Kalimba. El primero, fue detenido en plena vía pública, acusado de asesinar a un individuo que jamás había visto en su vida, y todo a ello a pesar de que los vecinos del tianguis en donde Zúñiga laboraba aseguraron haberlo visto todo el día en la fecha del asesinato que le imputaban. La única acusación en contra de Zúñiga provenía de un familiar de la víctima que había sido golpeado en la escena del crimen y que señaló a Zúñiga como el asesino. Zúñiga fue sentenciado a 20 años de prisión, por un delito que jamás cometió y por el solo hecho de ser señalado por un testigo que le encontró parecido con el verdadero asesino. Afortunadamente, alumnos de la UNAM tomaron su caso y grabaron el documental titulado “presunto culpable” y lograron sacar de prisión a Zúñiga demostrando su inocencia luego de 804 días encerrado y sentenciado. Finalmente, el actor Kalimba fue acusado de violación de una menor por la supuesta afectada, y estuvo detenido y a punto de ser sentenciado, pero una reconstrucción de hechos por abogados expertos demostró su inocencia. Los dos casos antes mencionados, más el hecho de que por lo menos la mitad de los presos de nuestro país son inocentes, vuelve bastante cuestionable lo proferido por el senador de Morena Alejandro Armenta, quien anunció que presentará una iniciativa para castigar con castración química a violadores de mujeres y de niños. A pesar de que la misma constitución prohíbe las penas de castigo corporales, y que el mismo presidente López Obrador se ha deslindado de dicha iniciativa, la simple idea de la castración a violadores en atractiva para muchos mexicanos desde el punto de vista de exigencia de resultados frente a un ministerio público ineficiente, no obstante, la simple idea de que en este país se señala, detiene, juzga y encarcela a cualquier ciudadano bajo las más simples y deficientes pruebas y argumentos y que estos mismos se basan generalmente en señalamientos de testigos cualesquiera y de confesiones obtenidas mediante tortura; por ello la sola idea resulta bastante atemorizante, pues sin duda muchos inocentes serían castrados solo por el hecho de parecerse físicamente a un delincuente o de ser enemigo público de alguna autoridad o solo por tener la mala suerte de convertirse en chivo expiatorio coyuntural. Mientras nuestro sistema judicial y de investigación sean tercermundistas, mientras que nuestras policías sean diletantes y carentes de filtros de control de confianza certeros, mientras que la corrupción siga siendo la hoja de ruta dentro de salas judiciales y de ministerios públicos, las condiciones para contar con un sistema similar al estadounidense en donde se contemple castigos como la castración y la pena de muerte serán nulas y sin posibilidades reales de castigos disuasivos para el resto de potenciales delincuentes. La propuesta del senador Armenta está condenada al ostracismo legislativo, pero es una llamada de atención que invita a la profesionalización de nuestro sistema judicial y penal.

miércoles, 5 de diciembre de 2018

SUELDOS CORRUPTIBLES

Álvaro Obregón acuñó una frase bastante sugestiva: “no hay quien aguante un cañonazo de a 50 mil” El caudillo, hacía referencia a que todos somos corruptibles si la cantidad es elevada. Esta frase viene a colación, ahora que comienzan a llover amparos de funcionarios, en su mayoría pertenecientes al poder judicial -jueces y magistrados- que ven amenazados sus opulentos y excesivos estilos de vida sostenidos por los mega sueldos que reciben por su función judicial ante la nueva ley federal de remuneración de funcionarios públicos que señala que ningún funcionario de los tres poderes pueden ganar más que el presidente de la república, cuyo sueldo será de 108 mil pesos mensuales. La premisa en que basan sus amparos estos funcionarios privilegiados es que se atenta contra sus derechos humanos, y que reducirles sueldos que van de los 300 a los 450 mil mensuales abre la seria posibilidad a la corrupción. Es decir, que serán presa fácil de sobornos, como si carecieran de ética profesional y como si no se pudieran implementar proceso de transparencia en las actividades judiciales que garantizaran la probidad de los actos y resoluciones del poder judicial. Aunque también señalan que se verían afectados sus niveles de gasto personal. En la demanda colectiva, los susodichos afirman que “las reducciones salariales implican el riesgo de apertura a la corrupción, porque una reducción tan tangible a los ingresos de muchos funcionarios que devengan mayor salario a ese monto, se verán impedidos de mantener su proyección de gastos y quedan comprometidos al impago de obligaciones primarias y otras.” En lenguaje coloquial, si les bajan el sueldo, van a tener que volverse chicos malos para poder seguir costeando su lujosa vida. La defensa y sus argumentos no solo resulta absurda, sino hasta pueril. Por supuesto que se entiende la alarma y desesperación de los miembros del poder judicial, grupo al que ya no tardan en sumarse funcionarios del INE, INAI, directores de PEMEX y CFE, CNDH, etc., funcionarios que igual gozan de jugosos estipendios. Pero vamos al grano, el poder judicial y sus miembros con altos sueldos, no han impedido que la corrupción y la ineficiencia los penetre hasta sus entrañas. Supongamos que la eficiencia y la honestidad con proporcionales a sus sueldos, ante ello, es menester dejar las siguientes cifras para constatar proporcionalidad y, en consecuencia: mérito: según el índice global de impunidad 2018, en México, la impunidad es del 99.3%, es decir, los delitos y sus denuncias solo encuentran culpables y sentencia en menos del 1%, por lo tanto, la ineficiencia del poder judicial es casi absoluta. Según el mismo estudio, en 26 de las 32 entidades federativas del país, el sistema judicial “está colapsado.” A esto le debemos sumar, el estudio que presentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en el que se asegura que: hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados del Poder Judicial ocupan plazas en tribunales y juzgados. El artículo 97 de la constitución faculta a jueces y magistrados para nombrar y remover a funcionarios y empleados de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Dicha atribución fue concebida para asegurar la autonomía de los jueces, pero sólo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes en un claro acto de corrupción en beneficio familiar. Finalmente, como olvidar a jueces como Anuar González Hamedi, juez tercero del distrito de Veracruz, quien concedió un amparo a Diego Cruz, joven implicado en pederastia en el caso de Los Porkys, o de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, por la liberación de Archivaldo Guzmán el Chapito, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán; absolvió a Jesús Zambada García el Rey Zambada por el delito de posesión y tráfico de drogas; a Sandra Ávila Beltrán la Reina del Pacífico, y a su novio Juan Diego Espinoza el Tigre. Lo anterior no tiene otro nombre: corrupción e ineficiencia. Me parece que no hay argumentos para mantener sus elevados sueldos.

miércoles, 28 de noviembre de 2018

CONTRAPESOS

Las ideas de Locke y Montesquieu dieron origen a la vértebra de los sistemas democráticos; en la idea de limitar el inmenso poder concentrado en un solo individuo estos pensadores introdujeron la idea de la división del poder al fraccionarlo en tres entidades con funciones bastante precisas: ejecutar las leyes de la administración pública, legislar y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. En esa tesitura surgen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con ello, la teoría de los pesos y contrapesos vertería la premisa de que los tres poderes se iban a limitar entre ellos mismos y evitar excesos. El ejecutivo presentaría iniciativas de reforma, pero requeriría del apoyo de las dos cámaras legislativas, y, por último, el aval del poder judicial para la legalidad y constitucionalidad de dichas leyes aprobadas. O en caso de iniciativas del poder legislativo, existe la posibilidad del veto presidencial, o para el caso de nuestro país, las llamadas “observaciones del Ejecutivo” sobre decretos del poder legislativo. En fin, poderes limitándose unos a otros para evitar excesos de autoridad. Desde luego que las desavenencias son condiciones propias de todos sistemas que se preste a llamarse democrático, no obstante, resulta paradójico y hasta insultante que de pronto esa lucha entre poderes se lleve a cabo ante actos de autoridad que van en el sentido de la exigencia social sobre algún tema en particular. El tema de los elevados sueldos de muchos funcionarios públicos de los tres poderes de la unión resulta lesivo para una sociedad que cuenta con la mitad de sus ciudadanos ubicados en la categoría de la pobreza, y algunos millones más dentro de la llamada pobreza extrema, además de que estos jugosos estipendios chocaban con el mismo espíritu constitucional que en su artículo 127, menciona expresamente que: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.” Por ello, la resistencia y el anuncio del Poder Judicial de que enfrentará en juicios las leyes aprobadas por la actual legislatura dominada por MORENA, resulta ser insultante para el pueblo de México en general. Y es que al haber aprobado los diputados, con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención, la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, por la cual se establece que ningún funcionario puede recibir un salario mayor al del presidente de la República en turno, ha ofendido a muchos funcionarios con sueldos -en este caso a miembros del PJ- que acarician el medio millón de pesos mensuales y que contrasta marcadamente con los 108 mil pesos mensuales que ganará el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. No solo es lamentable la reacción de estos acaudalados funcionarios, aunque era previsible, sino que pone en tela de juicio su ética y compromiso con el cargo que detentan, pues esos mismos sueldos han violado siempre el artículo 127 y parecía no molestarles el hecho de ser al mismo tiempo los protectores de la constitución y al mismo tiempo sus verdugos. La pérdida de privilegios, definitivamente, pone en evidencia la ética profesional y hace aflorar el encono más puro y las estrategias más arteras con tal de mantener el esquema de beneficios personales. Inicia, pues, una batalla entre dos grandes poderes. El cambio y la justicia contra los privilegios y el “establishment.” El poder judicial ha mostrado ya, de qué lado está.

miércoles, 21 de noviembre de 2018

FIN DEL PEÑISMO

Le restan unas cuantas horas al actual sexenio presidencial, el ejecutivo federal en manos del priísmo agoniza, lejos queda esa frase que acuñaron los priístas de que “ellos si saben gobernar”; y la falta de eco práctico de esa frase que solo quedó en el tintero les ha costado la peor derrota en su historia electoral. Aún recuerdo los albores del actual sexenio, en que Enrique Peña Nieto mostraba un coraje y decisión que convencía a la gran mayoría de los mexicanos de que sería un presidente diferente; no solo a los sexenios panistas que le antecedieron, sino a su misma estirpe caracterizada por la ineficiencia y la corrupción. Nos dejó atónitos a millones cuando logró un acuerdo político que se pensaba era imposible: El Pacto por México. De pronto vimos sentados en la misma mesa a todas las fuerzas políticas sumándose al llamado del presidente para sacar adelante una serie de reformas estructurales,11 para ser precisos, que vaticinaban un futuro mejor para todos los mexicanos. Las fronteras de la lucha de facciones políticas parecían difuminarse. Las reformas comenzaban a aprobarse una por una. Revistas y diarios internacionales resaltaban la figura de Peña Nieto, particularmente la prestigiosa revista TIME, que, en febrero de 2014, publicó en su portada la imagen del presidente con la leyenda “saving México”, o salvando a México, en alusión a las reformas estructurales producto del “Pacto por México.” Lamentablemente, la luna de miel; la ilusión, solo duró exactamente dos años, de 2012 a 2014, lapso en que EPN nos brindó esperanza, misma que inició su declive a partir de 2015 y que hoy, a pocas horas de su partida, nos deja resabios traducidos en las siguientes cifras: para empezar, nos deja con un nivel de endeudamiento que representa el tercer rubro de gasto más grande del gobierno federal; o en otras palabras, el sexenio con mayor endeudamiento ya que tendremos una deuda histórica que se incrementó en más de 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), al pasar de 6.3 billones de pesos a 11.3 billones en este 2018, es decir, casi se duplica la deuda. Por otra parte, en el tema de la seguridad, las cifras son sugestivas y reveladoras, pues los homicidios dolosos hasta mayo de 2018 contaban con la cifra de 109,542, comparados con los 74,577 del panista Vicente Fox y los 102,859 de Felipe Calderón. En cuanto al tema de las desapariciones, con Felipe Calderón hubo 13 mil 681 personas desaparecidas en seis años, actualmente el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) registra al menos 35 mil 424 personas desaparecidas, un holocausto sin duda alguna. Finalmente, en materia de crecimiento económico, la promesa de EPN de crecer entre un 5 y 6% anual luego de las reformas estructurales se quedó también en el baúl de las buenas intenciones, de tal manera, que la revista Forbes ha llamado a este gobierno “el sexenio perdido en crecimiento económico” pues nuestro crecimiento se estancó en un promedio de 2%. Lejos del crecimiento registrado en 5%, en el año 2010 bajo el mandato de Felipe Calderón. 

Inseguridad y violencia a niveles alarmantes y nunca vistos, crecimiento económico mediocre y anclado, endeudamiento gubernamental aberrante; casos de corrupción condenables e ignominiosos como la estafa maestra; violaciones de derechos humanos como Tlatlaya o Ayotzinapa. El Peñismo fue sin duda un episodio aciago, tétrico y oscuro en nuestra historia nacional y que ha llegado a su fin, para bien de todos los mexicanos, mismos que mantenemos la esperanza en un nuevo gobierno que está por comenzar nuevamente con el sueño de un país mejor.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

RETROCESO EDUCATIVO


Aciertos y errores, atinos y desatinos, de pronto el gobierno del cambio representado ya sea por el legislativo en funciones dominado por MORENA, o por las decisiones tomadas por el presidente electo, provocan sentimientos encontrados que impiden definir si vamos por buen o por mal camino. Se realizan consultas para tomar en cuenta la opinión del pueblo; punto bueno, pero la encuesta no es legal y huele a parcialidad, lo que le resta valía a dicha iniciativa; se eliminan las pensiones a expresidentes; punto bueno, pero se anuncia que en comisiones los legisladores han iniciado el desmantelamiento de la reforma educativa, lo cual, lejos de ayudarnos a crecer como país, nos ancla al mal del subdesarrollo. No se trata de revanchismos ni de temas personales contra el magisterio, pero toda nación que hoy es desarrollada le apostó en su momento principalmente al tema de la educación. Singapur, una nación que hace pocas décadas tenía índices de desarrollo humano y crecimiento económico por debajo de países como el nuestro, encontraron la senda del éxito y ahora abrazan el desarrollo gracias a sus esfuerzos en materia educativa. No se trata de una simple percepción. También es cierto que los países con mayor éxito económico ofrecen los mejores resultados en evaluaciones como PISA. Y es que no se requiere mucha materia gris para poder entender que la educación es la clave del éxito y el futuro de una nación; también es sencillo comprender que la evaluación es pieza axial para la mejora continua. “Si quieres mejorarlo, hay que medirlo”, afirmaba acertadamente Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional. Por ello, resulta preocupante que la cámara de diputados, a través de la comisión de educación, haya avalado el dictamen que elimina las disposiciones punitivas sobre la evaluación a docentes. El documento elimina el párrafo que establecía la separación del cargo a quien se negara a participar en la evaluación o que no se incorpore al programa de regularización o que obtenga resultados insuficientes. El nuevo texto señala que a pesar de que los docentes “reprueben” en tres ocasiones seguidas, se le continuará apoyando con capacitación pertinente. Es decir, ya no pasará nada si los docentes simplemente no son aptos para el puesto. Esta decisión contrasta con la tendencia mundial, pues según la UNESCO, "la mayoría de los países con buenos resultados educativos evalúa a sus profesores." Y no solo en el ámbito educativo, en el Instituto Nacional Electoral, solo por citar un ejemplo, se evalúa periódicamente al personal y aquéllos vocales que no aprueban el examen de conocimientos son cesados inmediatamente del puesto. La evaluación permite hacer una distinción entre aquéllos docentes que se preparan constantemente, que se actualizan, que son “aptos” para el cargo y que tienen vocación de servicio, de aquellos improvisados, diletantes o que accedieron al puesto mediante herencia familiar o compra de la plaza y que su actuación abona al marasmo educativo que azota a este país. Si realmente queremos no solo mejorar los índices de mejora en evaluación educativa, sino fincar las bases para un futuro promisorio que nos aleje del sótano del subdesarrollo, la evaluación docente y su aparato punitivo deben ser una realidad, no obstante, el desacierto del gobierno del cambio aduciendo la defensa de los derechos laborales de los maestros y metiendo reversa a la que considero fue la reforma más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto; solo nos condena a seguir en la ruta de la ignominia educativa.

miércoles, 7 de noviembre de 2018

CONSULTITIS

En lo personal estoy en un dilema; es verdad que hay temas en los que como ciudadano quisiera que el gobierno tomara en cuenta mi opinión, no obstante, hay otros rubros en los que el pueblo no es tan sabio como para fijar y manifestar una postura que sea pragmática y por tanto tomada en cuenta por la autoridad para la confección de políticas públicas o decisiones de trascendencia nacional. Soy también un convencido de que debemos seguir los canales establecidos por las leyes para realizar procedimientos, nunca realizar actos al margen de la ley solo para quedar bien con determinados grupos. El presidente electo mandó realizar una especie de consulta popular para definir el destino del nuevo aeropuerto, consultando a un pueblo que me atrevo a afirmar, conocemos poco o nada sobre aeronáutica o aspectos técnicos sobre ubicación de aeropuertos. Era una decisión que él debía tomar, pero que me parece llevó a cabo para lavarse las manos frente a la iniciativa privada; de que fue el pueblo sabio y no él, quien tomó la decisión de cancelar la magna obra en una consulta espuria, y digo espuria, porque carecía de legalidad. Para consultas, contamos con una ley federal de consulta popular, que en su artículo cuarto establece que: “La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.”, precisando en su artículo sexto que: “Se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como: I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y II. Que impacten en una parte significativa de la población. Además, debe ser el INE quien se encargue de la logística completa de dicho proceso de consulta, además de los requisitos de contenido y formato de la consulta que apruebe la Suprema Corte para garantizar la imparcialidad de la pregunta. Por ello, la consulta de AMLO sobre le NAICM fue una consulta apócrifa y espuria, pero sí bastante populista. Preocupa que ahora venga una segunda consulta, ahora sobre el Tren Maya, que será una obra de miles de millones de pesos para fomentar el turismo y el desarrollo de fuentes de empleo, pero que no deja de ser un riesgo y quizá no la mejor inversión en turismo, por ello, me parece que AMLO intenta otra vez acudir a un chivo expiatorio en caso de que algo salga mal en dicha obra y compartir la culpa señalando que el pueblo sabio también tiene responsabilidad por emitir una opinión en lo que será sin duda otra consulta espuria. El tren maya como el aeropuerto son decisiones que por decreto presidencial el próximo presidente debe tomar asumiendo todos los riesgos que ello conlleva, si realmente quiere hacer una consulta, que nos pregunte a los ciudadanos cómo queremos que se aplique el gasto público, por ejemplo. Asusta y preocupa que de pronto AMLO se enferme de consultitis y quiera someter a la sapiencia del pueblo decisiones que por ley son decreto presidencial en una especie de legitimación popular y de reivindicación democrática ciudadana directa, cuando en lo personal, solo veo decisiones con alto costo político que, compartidas, también se reparten la culpa de forma equitativa y la carga de culpa es menos para el ejecutivo; aunque al final el afectado es y será siempre el vapuleado pueblo mexicano que de pronto siente que es tomado en cuenta mediante esta consultitis que no es ni legal, ni tampoco empodera a un pueblo que no está acostumbrado a las consultas, referendos o plebiscitos. 

jueves, 1 de noviembre de 2018

PATRIOTA FIEL

La erróneamente bautizada “caravana hondureña” que se ha abierto paso por nuestro país y que tiene como destino primario los Estados Unidos de América, ha desatado un sinfín de comentarios que versan sobre temas que van desde la seguridad nacional, hasta la crisis humanitaria y de derechos humanos que conlleva un movimiento de tal envergadura y de tales características. Es desde luego un tema que genera temor, no obstante, el verdadero problema no es que los hondureños hayan ingresado por la fuerza a nuestro país, sino el destino que les aguarda cuando intenten hacer lo mismo en la frontera norte de nuestro país. No se necesita ser un experto en geopolítica y crisis de desplazados para vaticinar el desenlace, pues el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, ha dejado ya ver un poco de su respuesta al enviar a soldados pertenecientes al comando norte del ejército estadounidense ante la llegada de la caravana inmigrante. La incertidumbre sobre lo que pudiera suceder ante una intentona de ingreso forzado por parte de los hondureños ha hecho acto de presencia y hace que aflore la pregunta sobre cuál sería la reacción del ejército y las consecuencias humanitarias derivadas de un choque. Para empezar, se trata de 5200 militares que, bajo la operación llamada “Patriota Fiel”, se unirán a más de 2000 miembros de la guardia nacional y más de 1000 agentes del CBP (Patrulla Fronteriza) y que suponen ser el mayor movimiento interno de tropas en activo en decenas de años, lo cual nos sugiere que no se trata de una estrategia disuasiva, sino cien por ciento proteccionista y que promete ser contundente ante el arribo de los migrantes, no obstante, el problema se vuelve más confuso, pues la Ley Posse Comitatus (de 1978) prohíbe que los militares realicen acciones que corresponden a las fuerzas del orden civiles, como la detención o procesamiento de migrantes, es decir, jurídicamente el ejército estadunidense no puede detener dicha caravana haciendo uso de sus armas. No obstante, tienen derecho a defenderse en caso de una agresión. El asunto se complica aún más, porque tanto la ley de EE. UU, como el derecho internacional protegen a los migrantes que deseen solicitar asilo al entrar en territorio estadounidense y ponerse “bajo custodia” de las autoridades de ese país, es decir, no con la intención de laborar y obtener recursos para aliviar la situación de hambruna que los ha obligado al éxodo so pena de morir de hambre. Ahí radica la complicación, pues los migrantes no buscan asilo, buscan oportunidades de mejora en su calidad de vida, y ello atenta contra la xenofobia que fue una de las causas principales por las que Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, por lo que me parece que la caravana será disuelta apenas intente cruzar la frontera, aunque no está claro el papel del ejército cuando se supone que solo participaran como asesores de las agencia de seguridad fronteriza y para lo cual, definitivamente, no se requieren 5200 elementos. En lo personal, pienso que la enorme distancia que implica el recorrido terminará rompiendo la determinación de los hondureños y culminará con la desintegración de dicho movimiento, no obstante, dicho desmembramiento será gradual y su desmoronamiento será dentro de nuestro país culminando con un problema más, agregado a la sarta de complicaciones que nos azotan como nación.